El grupo Telefónica exige al Estado peruano 1,122 millones de euros (aproximadamente US$ 1,218 millones) por daños y perjuicios históricos relacionados con impuestos en el país y provisiones fiscales de tributos pendientes de pago. La cantidad total o parcial de esta solicitud, que podría o no regresar a las arcas de la empresa, se conocerá a finales de febrero de 2025 o principios de marzo, según reveló el portal español elEconomista.es.
El área jurídica de Telefónica, en colaboración con sus asesores fiscales del bufete Uría Menéndez, está evaluando sus opciones en el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones). Su objetivo es no solo recuperar los pagos ya realizados, sino también desbloquear las provisiones de otros tributos exigidos por el fisco peruano.
Los primeros se refieren a impuestos ya desembolsados, que suman 572.5 millones de dólares (523.6 millones de euros), correspondientes a pagos efectuados al fisco peruano que se consideran presuntamente contrarios a derecho. Por otro lado, las segundas exigencias fiscales ascienden a 647.2 millones de dólares (592 millones de euros) y se refieren a reservas contabilizadas en ejercicios anteriores.
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Estas cantidades son demandadas por Perú, pero no han sido pagadas por Telefónica, ya que la compañía sostiene que violan los acuerdos bilaterales de inversión entre España y Perú. En el mejor de los escenarios, según informa elEconomista.es, Telefónica tendrá la posibilidad de decidir el futuro de estas provisiones, eligiendo entre mantenerlas en un país con alta inseguridad jurídica o explorar opciones para reducir la deuda, entre otras alternativas.
A las cifras mencionadas se suman otros 7,4 millones de dólares (6,7 millones de euros) vinculados al perjuicio emergente, que incluyen costos por asesoría legal y fiscal, así como el establecimiento de fianzas en procesos locales.
Intereses de demora en disputa de Telefónica contra el Perú
Durante tres décadas, los montos ya desembolsados y provisionados que han impactado a la compañía se han visto afectados, en un 80%, por intereses acumulados debido a impagos que no son atribuibles a Telefónica en sus operaciones históricas en Perú.
Este multimillonario litigio se encuentra ahora en su etapa final, con una decisión que podría establecer récords en el Ciadi en términos económicos para la empresa española. Telefónica inició el procedimiento ante este organismo encargado de resolver disputas relacionadas con inversiones internacionales el 12 de marzo de 2021.
En su denuncia, Telefónica argumenta que las acciones del gobierno peruano violan gravemente las obligaciones establecidas en el Tratado Bilateral de Inversión entre España y Perú, específicamente en el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI).
Uno de los aspectos a evaluar por el árbitro italo-británico Luca G. Radicati es si el Estado peruano actuó de manera justa y equitativa en su relación con Telefónica, evitando cualquier forma de discriminación o medidas arbitrarias. Además, deberá considerar si Perú ha cumplido con su obligación de mantener la estabilidad y su deber de no expropiar sin ofrecer compensaciones adecuadas a los afectados.
En este proceso también participan el árbitro canadiense Henri C. Álvarez, designado por Telefónica, y el árbitro italiano Attila Massimiliano Tanzi, que representa al Estado peruano. Telefónica cuenta con la asesoría de las oficinas de Uría Menéndez Abogados en Madrid y Lima, así como de los despachos neoyorquinos y mexicanos de White & Case.
Antecedentes y origen de la controversia
Los argumentos de los asesores legales de Telefónica se enfocan en tres tipos de perjuicios: el daño histórico, que se relaciona con pagos realizados en Perú que supuestamente violan el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI); la contingencia fiscal, que incluye montos exigidos por Perú en violación del tratado que aún no han sido pagados; y el daño emergente, que abarca los costos generados por asesores legales y las fianzas en procesos locales.
La controversia entre Telefónica y el gobierno peruano tiene sus raíces en un informe publicado hace 22 años por una comisión del Congreso peruano, que investigó el proceso de privatización de las empresas estatales Compañía Peruana de Teléfonos (CPT) y Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Perú (Entel Perú). Telefónica adquirió la CPT por 1.300 millones de dólares en 1994 y, en 1999, compró Entel Perú por 1.200 millones de dólares, ambas transacciones realizadas durante la presidencia de Alberto Fujimori.
El posterior gobierno de Valentín Paniagua, opositor al régimen de Fujimori, encargó a la Sunat un estudio exhaustivo sobre las operaciones de Telefónica en Perú. Desde entonces, la empresa ha denunciado una persecución por parte de la Sunat, considerando las decisiones tomadas como arbitrarias. Esto llevó a Telefónica a presentar recursos ante los tribunales ordinarios, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional.
A lo largo de sus 30 años de operaciones, Telefónica del Perú ha contribuido con más de 2.675 millones de euros (US$ 2.904 millones) en tributos al país, donde cuenta con más de 10 millones de clientes en telefonía móvil y 900.000 abonados de fibra óptica.
