A pocos días de que culmine la actual administración, el Gobierno del Perú impulsa la firma de la Adenda N.° 9 al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH). El documento introduce cambios relevantes en la relación contractual con Lima Airport Partners (LAP). En particular, está vinculado a la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) prevé suscribir esta adenda el próximo 29 de mayo. El cronograma fue presentado ante la Comisión de Transportes del Congreso de la República. El proceso avanza en medio de cuestionamientos del sector aéreo, que ha expresado diversas observaciones sobre el alcance del acuerdo.
Cambios clave en la Adenda N.° 9
La Adenda N.° 9 aborda cuatro puntos principales dentro del contrato de concesión. Entre ellos figura la eliminación del cobro directo de la TUUA de transferencia nacional, mediante un esquema de compensación económica a favor de LAP. También contempla la habilitación de contratos con terceros calificados para inversiones que excedan el plazo de la concesión, la reversión de áreas vinculadas a estaciones de la Línea 2 del Metro de Lima y la incorporación de una cláusula anticorrupción.
Sin embargo, uno de los aspectos más controversiales se mantiene sin modificaciones. Se trata de la TUUA de transferencia internacional, que seguirá vigente hasta el año 2041. Este cobro, que comenzó a aplicarse en diciembre de 2025, no ha sido incluido en la negociación de cambios, pese a las críticas y observaciones planteadas por distintos actores del sector.
Cuestionamientos del sector aéreo
La implementación de la TUUA internacional ha generado críticas por parte de aerolíneas y operadores turísticos. Argumentan que el cobro encarece las conexiones vía Lima y reduce la competitividad del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez frente a otros hubs de la región. Entre los comparados figuran Bogotá y Ciudad de Panamá.
El debate también se intensifica por el contexto político en el que se impulsa la adenda. Gremios del sector advierten que decisiones adoptadas en periodo de transición podrían tener efectos de largo plazo. Esto considerando que la vigencia de los cambios se extendería hasta 2041.
Otro punto de controversia es el ritmo de negociación. Según lo expuesto ante el Parlamento por el viceministro de Transportes, Juan Haro Muñoz, este tipo de adendas suele tomar alrededor de 18 meses. Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Lima Airport Partners (LAP) han trabajado el proceso desde agosto de 2025 y buscan cerrarlo en aproximadamente nueve meses.
Frentes legales y efectos en el sector
En paralelo, existen tres procesos judiciales vinculados a la TUUA de transferencia. Uno de ellos es una acción contencioso-administrativa presentada por la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) ya admitida a trámite. Esta busca anular la resolución tarifaria de Ositrán por presuntas fallas metodológicas.
A ello se suman dos acciones de amparo impulsadas por Proturismo contra el MTC, Ositrán y LAP. Estas cuestionan tanto el origen de la tarifa como su eventual incorporación obligatoria en los boletos aéreos. Los procesos mantienen abierto el debate legal sobre su aplicación.
En el plano operativo, el sector aéreo advierte efectos en la conectividad internacional del país. Se han reportado cancelaciones o no apertura de rutas desde Lima hacia destinos como La Habana, Orlando y Cancún. Además, otros hubs regionales vienen captando conexiones que antes pasaban por la capital peruana.
Finalmente, las proyecciones del sector apuntan a un impacto de largo plazo en el crecimiento del hub limeño. Con la TUUA internacional vigente, el avance sería limitado frente a escenarios sin este cobro. También se advierten posibles efectos en el turismo receptivo y en iniciativas como el programa de stopover impulsado por Mincetur.
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