El presidente José Jerí reunió este martes a diversas entidades del Ejecutivo para revisar la controversia por el cobro de la TUUA de transferencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La convocatoria buscó ordenar el proceso y atender las inquietudes planteadas por el sector aeronáutico. Las autoridades destacaron que el objetivo es garantizar un tratamiento técnico de la medida.
Durante la sesión en Palacio de Gobierno, Jerí encargó a las instituciones competentes presentar una propuesta en un plazo de una semana. La Presidencia informó en X que el mandatario “destacó la importancia de alcanzar consensos necesarios para no comprometer la competitividad del país ni afectar su imagen ante el exterior”. Las partes acordaron continuar el trabajo coordinado hasta definir una alternativa.
TUUA de transferencia: el punto en discusión
El debate se intensificó después de que Ositrán ratificara una tarifa de US$ 10,05 para pasajeros internacionales y US$ 6,32 para nacionales, montos sin incluir IGV. AETAI e IATA anunciaron que impugnarán la decisión al considerar que incrementará el costo de los pasajes. El Ejecutivo pidió evaluar opciones que permitan atender las preocupaciones del sector sin perjudicar a los usuarios.
Representantes del MTC, Mincetur, MEF, Contraloría y Ositrán participaron en la mesa, junto con gremios de aerolíneas y el concesionario Lima Airport Partners (LAP). La presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, también acudió a la reunión. Las instituciones revisaron los alcances técnicos de la medida y coordinaron los pasos para avanzar en el análisis.
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Los gremios señalaron que esta tarifa no figuraba en el contrato original con LAP, sino que se añadió mediante una adenda. Esta observación abrió una revisión sobre la validez del documento que incorporó la TUUA de transferencia. Ante ese escenario, el contralor César Aguilar informó que su institución inició una evaluación formal del proceso.
Aguilar precisó que la Contraloría emitirá un informe el lunes 1 de diciembre, con conclusiones sobre el cumplimiento de los requisitos legales de la adenda. El resultado definirá el tratamiento que tendrá la tarifa en adelante. Mientras tanto, las entidades convocadas continúan elaborando la propuesta solicitada por el Ejecutivo.
