En medio de una alarmante ola de violencia y extorsión que sacude al país, el gremio del transporte ha convocado a un paro nacional para el próximo 10 de octubre. La medida, que cuenta con el respaldo de más del 90% de las organizaciones transportistas a nivel nacional, surge como una respuesta a la creciente inseguridad que enfrentan diariamente, así como a la falta de acciones efectivas por parte del gobierno para frenar esta problemática.
La inseguridad ha afectado gravemente al sector transporte, con innumerables casos de extorsión y sicariato que han puesto en peligro la vida de los transportistas y sus familias. Según Hernán Mendieta, presidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional, esta situación se ha vuelto insostenible, a pesar de que el gobierno ha declarado el estado de emergencia en varias regiones del país. Mendieta criticó duramente la falta de resultados en las acciones implementadas por el Ejecutivo para combatir el crimen organizado.
“El estado de emergencia no ha hecho ninguna diferencia para nosotros. Los casos de extorsión y amenazas de muerte siguen creciendo, y ya no podemos trabajar tranquilos. Queremos que el gobierno actúe de manera contundente y nos brinde la seguridad que necesitamos”, afirmó Mendieta en una entrevista con Canal N.
El paro convocado para el 10 de octubre no solo ha movilizado al gremio del transporte, sino también a bodegueros y otros sectores de la sociedad civil que enfrentan las mismas presiones por parte de grupos delincuenciales. La protesta busca visibilizar la situación crítica que vive el país en materia de seguridad, así como exigir reformas urgentes en la legislación actual.
Transportistas exigen seguridad
Uno de los puntos más cuestionados por los transportistas es la falta de acción efectiva frente a las organizaciones criminales. Mendieta señaló que las propuestas del gobierno sobre la ley de criminalidad organizada y las sanciones por bloqueo de vías no abordan el problema de raíz. “No es solo el transporte. Toda la ciudadanía está siendo afectada por la delincuencia, y el gobierno parece no tener una estrategia clara para solucionarlo. Las leyes que están impulsando solo castigan a los que protestan, pero no a los que extorsionan o asesinan”, expresó.
Los transportistas demandan que se fortalezcan las leyes contra la criminalidad, eliminando las brechas que permiten que los delincuentes sigan operando con impunidad. En particular, exigen que se aceleren los procesos judiciales y que se brinde mayor protección a las víctimas de extorsión. “No es posible que los delincuentes tengan tiempo y espacio para evadir la justicia. Queremos cambios reales en las leyes, que se enfoquen en protegernos a nosotros y no a los criminales”, declaró el dirigente.
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Además de la inseguridad, los transportistas también han expresado su descontento por las sanciones y multas impuestas al sector, las cuales consideran excesivas. Según Mendieta, estas medidas están afectando gravemente a los trabajadores, quienes ya deben lidiar con los altos costos operativos y la presión constante de los grupos extorsionadores.
El paro del 10 de octubre tiene como objetivo hacer un llamado urgente a las autoridades para que tomen medidas concretas y efectivas en defensa de la seguridad de los ciudadanos. Los transportistas esperan que este paro nacional sirva como una advertencia seria sobre la gravedad del problema y que el gobierno actúe antes de que la situación se vuelva aún más insostenible.
