La Defensoría del Pueblo, presentó ante el Congreso una iniciativa legislativa donde pide sancionar a las empresas que cometen acaparamiento y especulación.
Ante las recientes denuncias que vienen realizando los ciudadanos peruanos en contra de empresas por supuestas alzas de precios de productos básicos como el agua, la Defensoría del Pueblo, presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley para sancionar a las compañías que cometen acaparamiento y especulación de montos.
La iniciativa del ente defensor, buscaría castigar penalmente a aquellos comerciantes que estarían aprovechándose de la emergencia climática que atraviesa el país para elevar los precios de sus productos o servicios como pasajes aéreos o de transporte terrestre.
Walter Gutiérrez, defensor del Pueblo, “condenó que hayan personas que se aprovechen de los momentos difíciles que atraviesan miles de damnificados por los estragos del fenómeno de El Niño costero, elevando injustificadamente los montos de sus artículos”.
“Existen empresas que elevan injustificadamente los precios de bienes como el agua, o servicios como la atención en salud o el transporte”, señaló Gutiérrez.
Asimismo, el titular adelantó que el proyecto de ley pretende sancionar como delito grave estas conductas, que en la actualidad son castigadas con pena privativa de libertad no menor de 1 año ni mayor de 3, lo que en la práctica no implica cárcel.
Ante ello, Gutiérrez manifestó que la Defensoría continuará con la labor de identificar a dichas empresas para poner en conocimiento de la opinión pública y de las autoridades pertinentes.
El funcionario también remarcó que en la iniciativa legislativa se pide al Poder Ejecutivo que apruebe una relación oficial de bienes y servicios de primera necesidad. Dijo esperar que el Parlamento atienda la iniciativa con “especial prioridad”.
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Indecopi continúa supervisando los precios
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Indecopi, viene realizando su tarea de supervisión y fiscalización a las cadenas de supermercados y empresas de transporte aéreo y terrestre con servicios nacionales.
Bajo la modalidad de “supervisor incógnito”, Indecopi estaría supervisando los montos de los productos de la canasta básica familiar, con el fin de evitar “concertaciones de precios” y publicidad engañosa.
En cuanto al transporte aéreo y terrestre, la institución estaría fiscalizando su publicidad, así como que no se ofrezcan rutas que no se podrán cubrir por las restricciones de tránsito, y que se informe oportunamente y con veracidad a los usuarios sobre las condiciones bajo las cuales se prestará el servicio.
Indecopi recuerda que, según la ley, ninguna entidad pública puede fijar ni controlar los precios de productos o servicios no regulados, sin embargo, tal como explicó la entidad, este viene realizando su tarea de supervisión para que las empresas no afecten la competencia, ni los derechos de los consumidores.
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